Por Balbi Marco, Monzón Federico (representantes estudiantiles suplentes de Lic. en Comunicación - UNGS) y Benitez Pablo (estudiante de Lic. en Comunicación - UNGS )
El jueves 17 de
diciembre se llevó a cabo una movilización en defensa de la Ley de Servicio de
Comunicación Audiovisual (LSCA), convocada
por organizaciones sociales kirchneristas, medios de comunicación comunitarios
y, dato no menor, por algunos dirigentes del FpV, el bloque de diputados
liderado por Héctor Recalde, y el titular del AFSCA, Martín Sabbatella. La movilización
culminó en una concentración en Plaza Congreso.
Para empezar, resulta
necesario que aclaremos que para nosotros la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posee puntos progresivos. Uno
de ellos es el destino del 33% del espectro radioeléctrico hacia medios sin
fines de lucro, y otro la regulación a la concentración monopólica de las
empresas de comunicación. No obstante, la ley no sólo no se ha aplicado
correctamente sino que también han sido violados algunos de sus artículos. Por
sólo mencionar algunos ejemplos, el 33%
que hemos mencionado aún no fue garantizado. Por otra parte, el kirchnerismo ha sancionado el año pasadola Ley Argentina Digital, que permite a las compañías telefónicas ser
licenciatarias de emisoras de radio y televisión, algo que la ley de medios no
permitía. Acaso para el kirchnerismo, ¿eso no es concentración? Por ello el
AFSCA ha cajoneado, desde la sanción de la LSCA hasta la sanción de Argentina
Digital, el plan de adecuación de Telefé que le permitió no separarse de
Telefónica. También podemos mencionar la compra de C5N por parte de Cristóbal
López a Daniel Hadad sin mediar concurso público. En fin, la ley de medios ha servido para la creación y
consolidación de otros grupos mediáticos privados como Indalo, Szpolski, Vila-Manzano,
cuyos intereses, en última instancia, son los mismos que los del Grupo Clarín.
El gobierno saliente buscó
apoyarse en estos nuevos grupos mediáticos en una disputa con los más
concentrados, que no es más que una
disputa entre sectores de las clases dominantes, como lo sostiene el
documento de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)[1].
“La lucha irreconciliable contra la prensa reaccionaria es un imperativo. Pero
los obreros no pueden sustituir su propia lucha, que debe realizarse a través
de sus organizaciones y su prensa, por el puño policíaco del Estado burgués”[2].
La democratización de la palabra que llevó adelante esta ley es la de sus
dueños y nada más.
Con el ajuste de
Macri-Prat Gay ya en marcha queda de manifiesto los límites de la ley de medios
ya que no pone en cuestión la propiedad privada de los mismos. Ninguno de los
grupos mediáticos que han surgido a partir de ella, y mucho menos los más
concentrados que existían desde antes, están (ni estarán) al servicio de las
luchas que para enfrentar dicho ajuste. “Con la agravación de la lucha de
clases, los burgueses de todos los matices llegarán a fin de cuentas a ponerse
de acuerdo entre ellos mismos, y dirigirán entonces las leyes de excepción,
todos los reglamentos restrictivos, todas las especies de censuras
‘democráticas’ contra la clase obrera”[3].
Si los trabajadores de los medios tuviesen como mínimo el derecho a decidir
sobre los contenidos de los medios cambiaría, aunque sea parcialmente, esta
situación, sin embargo eso no lo contempla la ley, como así tampoco el derecho
a sindicalización de los mismos. Son
estos mismos grupos mediáticos los que también han mantenido en condiciones
precarizadas a los trabajadores, adeudándoles salarios, efectivizando despidos,
etc. La creación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) el año
pasado, ante la falta de respuestas por parte de la Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires (UTPBA), burocratizado y aliado del kirchnerismo, es una
cabal expresión de las condiciones en la que se encuentran los trabajadores de
prensa. Estos grupos también se vieron beneficiados
con la liberación del cepo y no tendrán problema en despedir a sus trabajadores
si hacerlo implica proteger sus ganancias. Ante esta posibilidad la ley no
los protege. No hay en ella derechos
laborales.
Por todo lo dicho
anteriormente, no podemos adherir a una
marcha convocada por los mismos que han incumplido la ley, como los
diputados del FpV que al votar a favor de la Argentina Digital derogaron uno de
los artículos más importantes de la LSCA, o como el AFSCA que sólo ha aprobado
los planes de adecuación de acuerdo a los intereses partidarios del
kirchnerismo. Justamente estos
dirigentes kirchneristas son los que han impedido la plena aplicación de la
LSCA.
Respetamos la posición
de aquellos en los que la ley ha despertado una ilusión democrática, pero no podemos
dejar de señalar los enormes límites que tiene la misma para que se garantice
una verdadera pluralidad de voces. También denunciamos que la marcha no fue más
que una maniobra oportunista del kirchnerismo para reposicionarse y mostrar algún
grado de oposición. Como ha declarado el propio Héctor Recalde, no
quieren "poner palos en la rueda”, pero no permitirán que se viole la
Constitución Nacional[4].
Es claro: si Macri respeta las instituciones que ajuste tranquilo.
Los
medios tienen que estar al servicio del desarrollo de las luchas de los
trabajadores y el pueblo pobre, y esta necesidad se
expresa hoy más que nunca ante el ajuste de Macri. Acordamos en que hay que
combatir a los medios hegemónicos pero no mediante la constitución de otros
grupos mediáticos privados. La salida es clara: medios públicos autogestionados
por sus trabajadores a través de los cuales se puedan expresar las demandas de
los distintos sectores de la sociedad, sobre todo de aquellos más vulnerables.
[1]
Véase “La comunicación no es rehén
de ningún gobierno” – ANRed: http://www.anred.org/spip.php?article11211
[2]
Véase Trotsky, L. (2013). La libertad de
prensa y la clase obrera, en “Escritos Latinoamericanos. En México 1937-1940”.
Ediciones IPS, CABA.
[3]
Ídem
[4]
Véase “Diputados del FPV convocaron
a una marcha contra los decretos de Macri” - Télam: http://www.telam.com.ar/notas/201512/130307-diputados-fpv-convocatoria-marcha-contra-decretos-gobierno.html
