Por Balbi Marco (estudiante de Licenciatura en Comunicación, ex candidato a consejero estudiantil por el IDH, y segundo suplente del Comité de la carrera por el IDH). Colaboraron: Benítez Pablo (estudiante de Licenciatura en Comunicación) y Monzón Federico (estudiante de Licenciatura en Comunicación y primer suplente del Comité de carrera por el ICI).
El pasado 29 de septiembre varios funcionarios del gobierno nacional anunciaron el proyecto de Ley Argentina Digital[1] que tiene como principal objetivo declarar a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como un servicio público, esencial y estratégico. Además, permitirá que a través de un mismo cable (red única) el usuario pueda recibir todos los servicios en su hogar, establecerá una velocidad mínima y obligatoria, y separará el transporte de las tecnologías de la producción de contenidos.
Resulta fundamental destacar que el texto original
enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso sufrió varias modificaciones, y una
de los más importantes, ante la preocupación de varios cableoperadores y
cooperativas del interior, fue que las telefónicas no podrán brindar televisión
satelital. Esto tiende a moderar la penetración de Telecom y Telefónica en un
mercado donde participan varias Pymes. La primera versión también había
provocado diferencias al interior del kirchnerismo. El senador Miguel Pichetto
(FPV) había expresado "Telefónica
no ha invertido un peso; es necesaria una cláusula antimonopólica", e
incluso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el
periodista Horacio Verbitzky, sostenía que la ley beneficiaría a los grupos
económicos y limitaría el pluralismo y diversidad.
Ante este cambio, el Jefe de Relaciones
Institucionales de Telefónica José Luis Rodríguez habló del “proyecto
Cablevisión”[2]
haciendo alusión a que este beneficiaría al Grupo Clarín que posee
aproximadamente la mitad del mercado de televisión por cable. Sin embargo, lo
que Rodríguez pierde de vista es que la multinacional española también sacará
provecho ya que es socia comercial de DirecTV (continuará siendo el único
proveedor de TV satelital a nivel nacional gracias a la modificación del
proyecto). Antes Clarín hablaba del “proyecto Telefónica”. En fin, las corporaciones
se pasan la pelota.
Lo que no estuvo contemplado en la
corrección de la ley es su artículo 9 que implica una incongruencia con el 25
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Si bien este último
establece que las telefónicas no pueden tener canales de TV ni brindar este
último servicio, la nueva ley permite a las compañías telefónicas no sólo ser
licenciatarias de emisores de radio o TV que utilizan el espectro
radioeléctrico, sino brindar televisión a través de sus redes. De esta manera,
Telefónica no deberá vender Telefé, razón por la cual el plan de adecuación
estaba demorado en el AFSCA desde marzo. Así se pondría fin a la prohibición
del “triple play” que permitiría brindar a Clarín, por decir un ejemplo,
Internet, TV y teléfono, negocio con el que Magnetto sueña hace tiempo. Estamos
ante otra concesión a las corporaciones.
Otro punto que no fue modificado respecto a
la versión original fue el tema de la Autoridad de Aplicación. Esta será
designada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional, hecho que contrasta con
la autoridad creada a partir de la Ley de Medios, AFSCA, repartida entre
oficialismo y oposición.
Democratización de la palabra
(de los monopolios)
A
pesar que el artículo 25 de la ley de Telecomunicaciones invalida el 9 de la
Ley de Medios, no son normas opuestas. La ley Argentina Digital representa una
continuidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya que ambas
garantizan ganancias extraordinarias a los multimedios y disfrazan una puja
capitalista por el mercado de medios bajo la consigna de la “desmonopolización”
y “democratización”.
Ya
cumplidos cinco años de la sanción de la Ley de Medios, y un año de su dictado
constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, todavía no fue
garantizado el 33% del espectro para las organizaciones sociales sin fines de
lucro que cuentan con medios comunitarios que practican una comunicación
alternativa y popular. Los nuevos medios propiciados a partir de la ley se
reducen a un pequeño grupo de radios de baja potencia (interferidas por grandes
canales y radios sin control ni sanción) y otras de mediana y alta potencia
surgidas con prebendas y negociados. El relato de la “pluralidad” se cae a
pedazos si tenemos en cuenta la compra irregular de Radio 10 y C5N del
empresario aliado al gobierno, Cristobal López, a Daniel Hadad, o el ingreso a
la TV digital de canales como 360, CN23 o CN5 sin mediar concurso público.
La
década kirchnerista se caracteriza por haber profundizado la concentración de
la propiedad, y los medios no fueron excepción de este proceso[3]
que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel regional. A su vez, estos grupos
económicos y mediáticos, ligados a cámaras y grandes empresas, reciben enormes
ingresos por publicidad oficial de parte del Estado Nacional, gobernaciones e
intendencias. Un ejemplo de “Corpo” regional es el grupo Vila-Manzano en
Mendoza, más reconocido por ser el dueño del Diario UNO (entre otros medios),
cuyos trabajadores estuvieron de paro parte del mes de noviembre debido a los
despidos. A pesar de ello, AFSCA no tuvo
ningún problema en aprobarle su plan de adecuación.
La
experiencia de la LSCA es un antecedente para anticipar los resultados de la
Ley Argentina Digital, hecha a medida de los intereses de los pulpos de
comunicación. La infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país es una
de las más atrasadas del continente producto del saqueo y baja inversión
realizada durante los últimos veinte años aproximadamente. ¿Será la competencia
regulada por el Estado la que garantizará un salto en calidad? Lo que es seguro
es que la democratización de la palabra es para las corporaciones cuyos
intereses no están en consonancia con el de los trabajadores, el pueblo pobre y
el resto de los sectores oprimidos de la sociedad.
A modo de conclusión
Contrariamente
a lo que han expresados varios funcionarios oficialistas, “el Estado tiene la
capacidad regulatoria para incentivar la igualdad de oportunidades...” (Jorge
Capitanich) o que lo que se pretende es “desmonopolizar” (Norberto Berner,
secretario de Comunicaciones), creemos que la lucha por la democratización no
puede ir de la mano del sostenimiento de la propiedad privada de los medios de
comunicación. Si bien puede existir propiedad privada sin monopolios, esto ocurre
sólo en un plano teórico. Argentina, que posee un sistema capitalista atrasado
y semicolonial no puede desvincularse de los monopolios por medio de una ley.
El lugar que ocupa en un mundo imperialista que se basa en la división
internacional del trabajo (países ricos y países pobres) la condena a estar
subordinada a la invasión monopólica, por eso este tipo de leyes no puede
garantizar la tan pregonada diversidad.
La
verdadera democratización será posible cuando los trabajadores de prensa autogestionen
los medios de comunicación y le den la voz a los diferentes sectores explotados
de la sociedad para que den a conocer cuál es su realidad y qué necesidades
atraviesan. Para que la comunicación y la información sean servicios públicos y
democratizados tienen que estar despojadas de la lógica de producción
capitalista, que en este caso obliga a los trabajadores a reproducir la opinión
de sus patrones según los propios intereses de estos últimos. Esto será posible
únicamente mediante la movilización y métodos de acción directa de la clase
obrera en alianza con el resto de los sectores populares que sean capaces de
expropiar a los dueños de las empresas de los medios comunicación.
[1] Leer el proyecto original completo en Infobae “El proyecto de telecomunicaciones completo”: http://www.infobae.com/2014/10/29/1605129-el-proyecto-ley-telecomunicaciones-completo
[2] “Telefónica cuestionó los cambios en la ley Argentina Digital:
<<Es el proyecto de Cablevisión>>”. Infobae:http://www.infobae.com/2014/11/20/1610172-telefonica-cuestiono-los-cambios-la-ley-argentina-digital-es-el-proyecto-cablevision
[3] "en América Latina se ha realizado un estudio
que da cuenta de la estructura de los mercados de las industrias culturales y
su nivel de concentración (…) prensa, radio, televisión abierta y paga,
telefonía básica y móvil en diez países de la región (…) El resultado obtenido
da cuenta de un importante grado de concentración en todos los casos
analizados. En promedio, los cuatro primeros operadores de cada mercado dominan
el 80 % del mismo. Entre esos diez países estudiados está Argentina". Las
políticas de comunicación en el siglo XXI, Bs.As., La Crujía, 2013, p. 149
