Por Pablo Paulemb, estudiante de Licenciatura en Comunicación
Secretaría de Cultura y Expresión (CEUNGS)
El año 2018 concluyó con una caída de la economía mucho
mayor del que especulaban los analistas del mainstream.
La actividad industrial fue -15% interanual, la inflación cerró en 47% y la
caída de la economía fue de 2,6% (recesión). Los mecanismos que el gobierno por
medio del BCRA llevó adelante para frenar la corrida cambiaria de mediados de
año dejaron estos datos preocupantes para la clase trabajadora. Sin embargo, la
caída de la economía aún no se detiene, y la confianza de los especuladores que
apuestan a la bicicleta financiera tiene la fuerza de una telaraña, como quedó
demostrado en la última subida del dólar.
El año 2019 aún no comenzaba y el gobierno de Cambiemos ya
anunciaba nuevos tarifazos a los
servicios públicos como regalo de Navidad. El presupuesto para este año, que se
votó en complicidad con el peronismo,
con un congreso vallado y una fuerte represión, contemplaba una reducción del
“gasto” de 1,5% del PIB, lo que significa, por ejemplo, una
reducción de 0,7% lo que se destina a subsidios de necesidades básicas (luz,
gas, transporte).
Éste fue el prerrequisito que el gobierno aceptó cuando salió a buscar “ayuda”
en el exterior y contrajo la deuda con el FMI (una suma nunca antes vista). El
préstamo más grande de la historia del Fondo, que tiene que pagar en un futuro
el Estado, se destina a pagar intereses de deuda (que hoy llega a 95% del PIB),
fuga de capitales (en enero de este año fugaron $USD2.000 millones) y la
bicicleta financiera de los especuladores, una gran fiesta para los ricos.
El déficit 0 (cero)
que prometió el gobierno no es otra cosa que descargar la crisis sobre las
espaldas de los trabajadores, y además, una farsa monumental: aumentó 132% en
enero por pago de intereses de deuda.
El
sistema universitario no está exento del ajuste que el gobierno viene llevando
adelante.
El presupuesto 2019 contiene un recorte a lo destinado hacia las
universidades, que se suma a lo acumulado durante los últimos tres años vía
devaluación, inflación y subejecución del mismo (sólo en 2018 se
recortaron $3.000 millones).
¿De dónde viene
y a dónde va la educación superior con este ataque por parte de la clase
capitalista?
La universidad pública en tiempos
del FMI
A mitad del año
pasado el gobierno salió a buscar auxilio a los mercados y encontró nada menos
que los brazos abiertos de un imperialismo yankee deseoso de profundizar las
ataduras económicas con los países de su “patio trasero”, para mantener la
hegemonía sobre el territorio, hoy disputado por China. ¿Qué implica el tener
como “socio al FMI”?
Los planes
económicos recetados por el FMI son conocidos en todo el mundo por las
transformaciones sociales que se derivan de ellos. Un antecedente muy cercano
en el tiempo es Grecia (año 2012), donde se llevaron adelante 14 reformas
previsionales para cumplir con las exigencias de la Troika (Banco Mundial, FMI
y Unión Europea), que pedía ajustar fuertemente al pueblo griego por la crisis
económica del sistema financiero, entre otras reformas (inclusive la laboral). Como antecedente histórico, el paso del
Fondo (junto al Banco Mundial) por Argentina en los años ’90 también dejó
secuelas. La educación pública fue blanco de ataque.
Para el
neoliberalismo, la gratuidad educativa es un gasto que se debe suprimir. Por
ello el gobierno de Menem llevó adelante una reforma educativa por medio de la
Ley de Educación Superior (LES). Si bien esta ley no logró su objetivo máximo,
que era la privatización de la educación superior, sí pudo multiplicar la
mercantilización del conocimiento, permitiendo la creación de universidades
privadas, instituciones terciarias privadas de dudosa calidad, la creación de
los posgrados pagos y, por medio de la
CONEAU, moldear el contenido de carreras enteras al servicio de empresas
privadas con convenios entre éstas y las universidades.
El actual acuerdo con el FMI que pone en peligro a la
educación gratuita, al menos en el nivel superior, viene a completar aquella
tarea que se había iniciado en los años noventa en pleno auge neoliberal con la
LES y que no pudo llevarse hasta el final debido a la lucha y la organización
que desplegó el movimiento estudiantil y los trabajadores de la educación.
Recorte y ahogo presupuestario, el
camino al arancelamiento
El
presupuesto destinado al sistema de educación superior viene siendo recortado
desde el año 2015
(por más de una década se encontró estancado por debajo del 1% del PBI). Sí,
Macri asumió un año después, pero el kirchnerismo se despidió no sólo con un
ajuste al salario por devaluación (en 2014), sino también aprobando un
presupuesto destinado a las universidades que contenía un 0% de aumento para
2016 (en términos reales, es decir por debajo de la inflación).
¿Acaso confiaban en el macrismo que prometía terminar con la inflación y no iba aplicar tarifazos?
A partir de
entonces el presupuesto destinado a la educación superior ha sido recortado por
el gobierno con presupuestos a la baja, y de manera directa en el año 2018, con
una disminución de $3.000 millones sólo en este último año, y un recorte del 16% si le sumamos lo
proyectado para el 2019 en términos reales. Tanto
las facultades de la UBA como las universidades del Conurbano (que reciben en
su gran mayoría a trabajadores e hijxs de trabajadores) y otras universidades nacionales del interior del país debieron resistir esta
embestida. Además, vieron retrasadas las partidas por más de seis meses durante
el 2018. Ante este panorama, las
universidades debieron hacer malabares con plata provenientes de “ahorros” propios (que no fueron
especificados, por ejemplo el caso de la UNGS), y
varias advirtieron quedarse sin recursos
financieros para su funcionamiento, como por ejemplo la UNCo.
Otras debieron cerrar el turno noche, como la Universidad de La Rioja.
Hasta el momento
el presupuesto es recortado de manera paulatina, lo que significa un claro ahogo
del presupuesto universitario. Como consecuencia, las instituciones públicas se ven obligadas a recurrir de manera más
pronunciada a la búsqueda de convenios privados
con empresas y otras formas de financiamiento (todo esto a espaldas de los estudiantes que tienen una representación minoritaria en los órganos de gobierno universitarios). Algunos ejemplos de
ello pueden ser los posgrados pagos o recientemente la innovación de cobrar un
“curso” a migrantes para aprender Español, implementado en UNLaM;
o el cobro de aranceles de ingreso como en la Facultad de Medicina o los “bonos
contribución” en la UNT; o el cobro de un “seguro” en la Facultad de Educación
Física. El arancelamiento es una
consecuencia directa del recorte presupuestario y reviste diversas formas para
encubrirlo.
Estas son las consecuencias, en pequeñas dosis, de la crisis presupuestaria de
las universidades públicas.
Hoy el FMI exige
recortes de todo tipo a los “gastos” del Estado, que se expresan en tarifazos,
y en menor medida (pero que no dejan de ser recortes) en otras esferas del
sistema público. En lo que compete a la universidad se puede decir que el
acuerdo con el FMI obliga al gobierno a tener que llevar adelante el objetivo
de máxima de la LES, para el único país de Sudamérica con educación gratuita
superior: el arancelamiento de las instituciones públicas, poniendo fin a la gratuidad y profundizando la elitización del acceso
al conocimiento científico. Sólo podrán acceder algunos pocos que puedan
pagarlo, en el contexto de crisis que
golpea sobre el poder adquisitivo y profundiza los índices de pobreza
(actualmente en 33%).
Las
universidades del Conurbano, donde acceden trabajadores e hijos de
trabajadores, arrastran problemas históricos, como son el alargamiento en los
años de cursada, las bajas tasas de graduación y los altos niveles de deserción. A partir de la gratuidad educativa la universidad
acogió a enormes cantidades de estudiantes. Este fenómeno de “masificación” de
las universidades no se tradujo en permanencia (deserción),
dado que la estadía en la educación superior también es condicionada por la
estratificación social. Este fenómeno de acceso sin graduación, es potenciado
hoy por el ajuste del gobierno.
En los nuevos
tiempos que corren, con la economía digitada por el FMI, no sólo la permanencia
es algo que se pone en cuestión, sino que se empieza a atacar el acceso a la universidad.
El arancelamiento de las universidades excluye a amplios sectores sociales del
sistema universitario, principalmente a estudiantes trabajadores o provenientes
de familias trabajadoras. La combinación
entre recorte presupuestario, y empobrecimiento y pérdida del poder adquisitivo,
condiciona la universidad de masas de una manera nunca antes vista. El sistema educativo superior tiende
a una mayor elitización. Por otro lado, el recorte presupuestario acumulado en
estos años implica que el sistema universitario es incapaz de desarrollarse y
expandirse, sino que tiende a degenerar.
No por nada los
funcionarios de Cambiemos en varias oportunidades lanzaron frases como: “Qué es
eso de universidades por todos lados” y “todos sabemos que nadie que nace en la
pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”. Éste es el objetivo de los
capitalistas, terminar con un derecho histórico de los trabajadores, poder
acceder a una educación superior y a una formación científica. Los tiempos
exigen que los estudiantes y trabajadores de la educación nos pongamos a la
cabeza en la defensa de la educación pública, contra los tarifazos y por el no
pago a la deuda externa que expolia los recursos nacionales que pueden
destinarse a mejorar la calidad de vida de la población. Sólo aliándonos con
las y los trabajadores, que en cada
acción de lucha demuestran todo su potencial, podremos derrotar el ajuste.
POR UN BOLETO EDUCATIVO UNIVERSAL FINANCIADO POR IMPUESTOS A
LAS GRANDES FORTUNAS
BECAS IRRESTRICTAS Y AUMENTO EN LOS MONTOS PARA QUE NI UN ESTUDIANTE SE QUEDE SIN CURSAR
FRENEMOS EL RECORTE PRESUPUESTARIO Y EXIJAMOS SU
TRIPLICACIÓN
SEAMOS MILES EN LAS CALLES CONTRA LOS ARANCELES EN LAS
UNIVERSIDADES
MAYORÍA ESTUDIANTIL EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO PARA DECIDIR SOBRE EL PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CON LA FUERZA DE LAS MUJERES, LOS TRABAJADORES Y LA
JUVENTUD, POR EL NO PAGO A LA DEUDA EXTERNA
CONTRA LOS TARIFAZOS A LOS SERVICIOS ELEMENTALES PARA LA
VIDA. ESTATIZACIÓN BAJO GESTIÓN DE LOS TRABAJADORES Y CONTROL DE LOS USUARIOS
DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS
CONTRA EL AJUSTE DEL GOBIERNO Y LOS GOBERNADORES CÓMPLICES
FUERA EL FMI DE ARGENTINA. NO A LA INJERENCIA
DEL IMPERIALISMO EN AMÉRICA LATINA
